Por Robert Guest - 30 De Marzo, 2012
El caso del día de hoy es Michael Scott Page vs. Estado de Texas. Es un caso de armas del Condado Kaufman que se apeló al 5to Circuito de Dallas.
¿Qué sucedió?Michael estaba en libertad bajo fianza (asalto agraviado). Mientras estaba libre bajo fianza, Michael le dijo a su vecino que iba a hacer estallar la corte. El vecino de Michael habló a la policía y transmitió los detalles de la conversación. La libertad bajo fianza de Michael se declaró insuficiente (un tema para otra publicación) y se expidió una orden de aprehensión.
La policía llega, van a la casa del Sr. Page y arrestan a Michael en su patio delantero. Se lleva a Michael a la cárcel y los policías entonces deciden buscar armas en la casa. Un oficial testifica que la búsqueda es por preocupación por la seguridad de Michael y el público. Durante esta búsqueda, los oficiales encuentran una bomba y luego deciden que es momento de obtener una orden judicial. Michael es condenado por poseer un dispositivo explosivo y fue sentenciado a 4 años TDC.
El abogado de Michael presentó una moción para excluir y nace una apelación.Nuestra cuestión - ¿Los policías pueden buscar la casa de Michael sin una orden judicial? ¿Puede la bomba usarse como evidencia en su contra?
La 4ta Enmienda, a la cual no le falta claridad, dicta que no se deben hacer búsquedas irracionales ni expedir órdenes judiciales sin causa probable. Aquí no había orden judicial por lo cual el estado necesita una excepción de la 4ta Enmienda para salvar esta búsqueda, y la condena.
“Las nueve palabras más aterrorizantes del inglés son: “Soy del gobierno y estoy aquí para ayudar.” Ronald Reagan
Esas nueve palabras se han convertido en no más que dos excepciones de la 4ta Enmienda; la doctrina de emergencia y la función de cuidado a la comunidad.
De la opinión - La Cuarta Enmienda protege a los ciudadanos de búsquedas irracionales y decomisos. U.S. Const. amend. IV; Illinois v. Rodriguez, 497 U.S. 177, 181 (1990); Limon v. Estado, 340 S.W.3d 753, 756 (Tex. Crim. App. 2011). La entrada a una residencia por la policía es una “búsqueda” para propósitos de la Cuarta Enmienda. Limon, 340 S.W.3d at 756. Una entrada a una residencia por la policía se supone irracional a menos que se encuentre dentro de una excepción. Id. at 756; Brimage v. Estado, 918 S.W.2d 466, 500 (Tex. Crim. App. 1996) (op. on reh’g). Dos de esas excepciones son la doctrina de ayuda por emergencia y doctrina de cuidar a la comunidad o por servicio público. Laney, 117 S.W.3d at 860.Bajo la doctrina de emergencia, la Cuarta Enmienda no prohíbe a los policías hacer entradas y búsquedas sin orden judicial cuando un oficial tiene una creencia inmediata y razonable que una persona tiene la necesidad de ayuda inmediata y el oficial debe actuar para proteger o preservar la vida o evitar lesiones graves. Laney, 117 S.W.3d at 861 (citando Mincey v. Arizona, 437 U.S. 385, 392 (1978)). Esta doctrina tiene que ver con residencias privadas pero no se limita a ellas. Id.
La función de cuidar a la comunidad está totalmente separada de la detección, investigación o adquisición de evidencia en relación con la violación de un estatuto penal. Corbin v. Estado, 85 S.W.3d 272, 276-77 (Tex. Crim. App. 2002). El oficial debe estar motivado primeramente por su función de cuidar a la comunidad y debe tener una creencia razonable que el acusado necesita ayuda. Id. at 277. Al evaluar si un oficial realmente cree que la persona necesita ayuda, las cortes pueden buscar en una lista de cuatros factores que no se excluyen: (1) la naturaleza y el nivel de socorro exhibido por el individuo; (2) la localización del individuo; (3) si el individuo estaba solo o no y/o tenía acceso a la ayuda de otra persona que no sea el oficial; y (4) en qué medida el individuo, si no se le ayudaba, presentaba un peligro para sí mismo o para otros.
Estas excepciones altruistas de la 4ta Enmienda son políticas públicas podridas. Teniendo en cuenta que hay miles de crímenes en los libros, puede motivar al público a rechazar o evitar la ayuda de la policía, aun en una emergencia, a menos que sea el fin del negocio del sistema de justicia penal de nuestro estado.
Dictamen - La búsqueda no es legal, la condena se anula.
Después de revisar los registros, nosotros también concluimos que estos hechos no dan lugar a una función de cuidar a la comunidad que es una excepción para obtener una orden judicial. Durante la audiencia, Philips testificó que el sargento les dijo a los oficiales que “vayan a la casa y obtengan las armas del apelante para guardarlas”. Asumiendo que esto es suficiente para mostrar que los oficiales fueron motivados primordialmente por su función de cuidado a la comunidad, cuando consideramos la segunda parte del criterio de Corbin: si las creencias de los oficiales que el apelante necesitaba ayuda eran razonables. Porque el apelante no estaba en la casa y estaba en camino a la cárcel antes que los oficiales empezaran, claramente no hay evidencia para mostrar que el apelante necesitaba socorro o ayuda o presentaba un peligro para sí mismo o para los demás. Aplicando estos factores, concluimos que el ejercicio de la función de cuidar a la comunidad de los oficiales no fue razonable. El tribunal de primera instancia abusó de su discreción al negar la moción de exclusión.
El parar a una persona con una bomba es una causa digna, pero esto no es otro caso de drogas. Eso no significa que la guerra de drogas tiene la culpa. La prohibición envenena todo.
Uno de los costos de oportunidad de nuestra guerra fallida contra las drogas es que los policías no tienen suficiente tiempo para resolver crímenes reales. Imagine si cada destacamento antidroga se enfocara en armas ilegales. Los oficiales tendrían tiempo para investigar completamente cada bomba potencial, recoger evidencia y pedir una orden judicial antes de buscar una residencia.